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Las sedes judiciales, colapsadas.

La falta de inversión, la crisis económica y las innumerables causas penales, laborales y concursos de acreedores que esta última ha generado han colapsado definitivamente las sedes judiciales. Todos los operadores jurídicos, desde los jueces a los fiscales, pasando por funcionarios de la Administración de Justicia y abogados llevan años alertando de la situación.

Las promesas de cambios normativos para agilizar la Justicia realizadas por Rafael Catalá el pasado viernes 27 de febrero tampoco han calmado las aguas y todos los actores que conviven con la saturación judicial piden cambios contundentes para solventar una situación que cada vez es más preocupante.

El reflejo más común de este colapso en las sedes españolas es la falta de espacio para archivar correctamente las causas. Pero también existen otros problemas como goteras en zonas de archivo -en los juzgados de instrucción de Santiago de Compostela se degradaron gran parte de las pruebas por una filtración de agua-, las deficiencias estructurales en los edificios donde se ubican las sedes, la falta de programas de prevención de riesgo laboral o de planes de evacuación, o las insuperables incompatibilidades informáticas entre comunidades autónomas, lo que, en definitiva, provoca un incremento aún mayor de los expedientes en formato papel.

“Nos encontramos en una situación límite. La justicia española parece que se quedó anclada en los primeros años del siglo XX y no ha evolucionado desde entonces. La situación que viven las sedes judiciales de Madrid, por ejemplo, es inaceptable. Los juzgados de Plaza de Castilla deberían ser una referencia y sin embargo la imagen es muy diferente. Como ejemplo, sólo hay que saber que allí se transportan los archivos en sillas de despacho o en carros de la compra”, explica Juanjo Carral, responsable de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en la Comunidad de Madrid.

Esa imagen de saturación y falta de medios se repite de manera generalizada en los juzgados de lo social, en los de instrucción -en el nº15 de Madrid entran cada año 2.000 causas, cuando antes eran 1.000-, los de violencia y en los de mercantil, donde la situación “es totalmente exagerada”, dice Carral. En esta última jurisdicción, las sedes más afectadas son las de Madrid y, sobre todo, las de Sevilla, “donde el nivel de trabajo ha alcanzado el 600% de su capacidad, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, apunta José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y miembro de la Brigada Tuitera, asociación que está dando a conocer el colapso de la Justicia a través de las redes sociales.

“Los jueces están pidiendo ayuda de manera urgente porque se encuentran ante la imposibilidad real de realizar su trabajo. Con los datos del CGPJen la mano, vemos que la gran mayoría de los juzgados españoles trabajan al 150% de su capacidad, a pesar de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegure que no existe tal colapso”, añade Muelas.

Los ejemplos de las sedes sobrecargadas son múltiples y en muchas ocasiones se han hecho públicos por los propios jueces. La magistrada de primera instancia e instrucción nº3 de Utrera (Sevilla), por ejemplo, ha denunciado el “completo colapso” que sufre ese órgano judicial al no contar con una “plantilla absolutamente precaria e insuficiente que no logra dar abasto para tramitar la desbordante cantidad de asuntos”.

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