logisman

Los funcionarios del Palacio de Justicia iniciarán el traslado el 24 de marzo.

Después de tanto tiempo, ya hay una fecha definitiva: 24 de marzo de 2015. Ese es el día elegido para que el casi centenar de funcionarios y profesionales que operan actualmente en el Palacio de Justicia, situado en la plaza de Abilio Calderón, inicien el trajín del traslado de sus documentos y archivos al remozado edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, contiguo al Centro de Salud de Los Jardinillos,  donde permanecerán, según lo inicialmente previsto, durante los próximos dos años y medio o tres, justo lo que durará la ansiada reforma del Palacio de Justicia que teóricamente comenzaría tras concluir este traslado que se prolongará como mínimo un mes a partir de la mencionada fecha.
El Ministerio de Justicia adjudicó en diciembre del pasado año a la empresa Vías y Construcciones (Grupo Vías, perteneciente a ACS), dicho proyecto de reforma, con un coste de 3.887.367 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 24 meses.
El precio de licitación fue de 5,24 millones de euros (impuestos incluidos), por lo que la rebaja es cuantiosa: 1,36 millones de euros.  A la licitación se presentaron 27 empresas de construcción, que querían hacerse con la adjudicación de un proyecto del que se lleva hablando desde hace años, varias legislaturas incluso, debido a la escasez de espacio en esta instancia judicial y la dispersión de sedes, pese a la reforma de la antigua sede del Banco de España para reconvertido en el centro corporativo de varios Juzgados.
Retrocediendo en el tiempo, el proyecto de reforma del Palacio de Justicia obtuvo en agosto de 2012 el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, tras aprobarse la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Un trámite que permitía rebajar el grado de protección del Palacio de Justicia para que se pudieran acometer las obras de remodelación. Para llegar a este punto se necesitaron informes de la Comisión de Patrimonio y de la Consejería de Fomento para justificar el interés general de la modificación y que el grado de protección del Palacio de Justicia de la plaza Abilio Calderón permitiese la variación de sus plantas, la modificación de la cubierta y la conservación de las fachadas. La principal traba a la que se enfrentaba la actuación fue que el edificio está protegido por el Plan Especial de Reforma Interior del Casco Urbano y, por lo tanto, no se permitía la modificación de su estructura ni de su aspecto exterior. Sin embargo, el proyecto no tenía todos los beneplácitos, dado que cinco de los siete integrantes de la Comisión de Patrimonio dependiente de la Junta votaron en contra del proyecto. Aún así, el informe no era vinculante y, por lo tanto, no podía impedir el desarrollo de las obras.

Más información

Histórico