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Ven falta de seguridad en los dos edificios judiciales de Ourense a pesar de los robos.

Aumenta el número de actores que observan carencias en el nuevo edificio judicial de Ourense y problemas asociados a la mudanza, a la que aún resta un mes de traslados. SPJ-USO, el sindicato mayoritario de la junta de personal, ha remitido a la Dirección Xeral de Xustiza un escrito de tres folios con su diagnóstico de deficiencias. Además de reclamar mejoras estructurales que coinciden con las peticiones de funcionarios y sindicatos (mejorar la iluminación, retirar del pasillo los baños que impiden la entrada de luz a las oficinas o controlar la climatización), ponen en entredicho las medidas de seguridad. “Aquí nada se mueve hasta que ocurre algo”, protestan tras asegurar que “los dos edificios judiciales están vigilados a medias”, pese a la reciente oleada de robos de pruebas que se zanjó con el arresto de un trabajador del juzgado con categoría de laboral de la Xunta.

En un cambio de última hora al comenzar la mudanza, la administración decidió compaginar la guarda de las dos sedes con agentes veteranos de Policía Nacional y vigilantes privados. Uno de cada comparte turno en cada uno de los dos edificios. SPJ-USO demanda “más personal”, al considerar el actual “claramente insuficiente”.

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